Mi apoyo a la Plataforma, en su derecho de asegurarse hasta donde la Ley y los procedimientos le permita, de la legalidad que se requiere para poner en marcha la Incineradora de Los Alcores.

Yo creo que lo mejor es una solución negociada, porque por la legalidad estará tarde o temprano todo perdido. Será legal, incluyendo la «trampita» del PGOU y podrán incinerar.

En cambio, una solución intermedia puede ser lo mejor para todos: salud, empleo y medio ambiente. Que incineren mucho menos y cosas menos peligrosas, con más garantías, pero que puedan empezar ya.

Mientras tanto, gracias a la Plataforma por defender los intereses de la salud. Es un tema muy serio.

La Noticia:

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La plataforma ha presentado hoy los detalles de la demanda ante el TSJA y que suma más de 60 páginas que argumentan incumplimientos e irregularidades de la empresa y de la Junta de Andalucía, fundamentada en 21 fundamentos de derecho. 

La Plataforma contra la incineración de residuos en Los Alcores ha presentado, en rueda de prensa, la demanda interpuesta ante el TSJA por Alwadi-ira – Ecologistas en Acción contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que autoriza a cementos Portland Valderrivas incinerar un máximo de 292 mil toneladas de residuos al año en sus instalaciones de Alcalá de Guadaíra.

Presentacion demanda

La demanda pone de manifiesto, en un documento de más de sesenta páginas, importantes incumplimientos de la empresa y de la administración en relación con la documentación necesaria para este tipo de proyectos y, por otra parte, las carencias de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), al no considerar suficientemente determinados aspectos medioambientales y de seguridad para las personas.

Se destaca la ausencia del informe municipal preceptivo en materia de medio ambiente. La Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (LPCIC), obliga a los Ayuntamientos a emitir un informe municipal sobre “todos aquellos aspectos que sean de su competencia” en la tramitación de los procedimientos de AAI. También se omite el informe de compatibilidad urbanística actualizado y se presenta un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que no atiende debidamente los valores naturales, las zonas residenciales, el impacto económico negativo, los efectos de agentes contaminantes generados por la industria cercana o el tráfico de la A-92 y sus efectos acumulativos y sinérgicos sobre la salud, entre otros muchos extremos.

Leer la noticia completa en la web de Alwadi-ira

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